- febrero 9, 2023
- Posted by: amchambaq
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El Distrito anunció que llevará a la SAE a un tribunal de arbitramento. Alcalde dijo que se avanza en el proceso para instaurar las demandas correspondientes.
Hasta un Tribunal de Arbitramento, el Distrito de Barranquilla llevará el caso del posible incumplimiento del contrato de compraventa del 82,16 % de las acciones en Triple A, suscrito por el ente territorial, a través de la empresa de economía mixta K-yena, y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
“El contrato tiene un juez natural que es un tribunal de arbitramento en donde se reclamarán no solo la cláusula penal, sino también los perjuicios adicionales en que se ha visto afectado Ka-yenas por el incumplimiento reiterado de SAE. Actualmente el Distrito tiene 14,5 % de participación en la sociedad siendo minoritario y continuará ejerciendo sus derechos sobre esa participación”, dijo la Administración distrital a EL HERALDO.
Manifestó, además, que no se descarta tomar otras acciones judiciales y otras denuncias ante los entes de control.
“La SAE incumpliendo el contrato de adquisición de acciones presentó una plancha completa por los 4 renglones de la Junta Directiva, pretendiendo así controlar la empresa”, señaló el Distrito, quien agregó que la empresa debe seguir prestando los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a los atlanticenses. En la mañana de este miércoles, el alcalde Jaime Pumarejo se pronunció nuevamente sobre el caso. Reiteró que harán valer la cláusula de incumplimiento del contrato con la SAE por $59 mil millones.
“La SAE incumplió nuevamente el contrato vigente que dice que debe transferir las acciones y además debe entregarle la gestión de la empresa al Distrito”, dijo Pumarejo.
El mandatario precisó que esta falta de compromiso de la SAE obliga al Distrito a levantar unas acciones legales para defender el patrimonio de los barranquilleros. “Está incumpliendo y al mismo tiempo no está reconociendo que el Distrito le ha entregado más de $300 mil millones para el traspaso de esas acciones (…) en este caso, la SAE estaría causando un detrimento patrimonial y es quien tendría que pagarle por perjuicios y daños al Distrito inicialmente $59 mil millones que establece la cláusula y luego, después de cuantificarlo, pensaría que puede ser mucho más que eso”, argumentó.
Pumarejo insistió en su posición de no querer entrar en una controversia y por el contrario buscar la manera de dirimir las diferencias y el cumplimiento del acuerdo.
“Lo que nos importa es que el Distrito y los ciudadanos de Barranquilla puedan nuevamente recuperar una empresa que era de ella, que se la robaron y la perdió. Su mal manejo e interinidad provocaría una inestabilidad y falta de inversión, así como la afectación de todos los usuarios”, sostuvo.
Agregó: “No podemos permitir que nuevamente, después de tanta lucha, lo que ya estábamos recuperando pase de manos de españoles a manos cachacas y que las utilidades que genera esa empresa ya no queden en manos de los barranquilleros para inversión social en la ciudad, sino que transiten nuevamente a 2.600 metros más lejos de la realidad costeña y nos toque montarnos en un avión para pedir que nos devuelvan una plata que debería ser nuestra”.
Por último, el burgomaestre dejó por sentado que confía en que las cosas puedan tener una salida sin afectar a la comunidad barranquillera.
“Creo y confío en que cuando se sienten a sopesar la información, qué midan las consecuencias, reculen y podamos encontrar una manera apropiada de dirimir estás diferencias, más aún cuando todos estamos acudiendo a las mesas de la Contraloría y Procuraduría. Estaremos atentos a lo que encuentre los entes de control, porque estamos tranquilos de que las cosas aquí las hacemos bien”, finalizó.
Durante una sesión ordinaria de la Asamblea de Accionistas, desarrollada este martes de forma virtual, se materializaron los cambios a la Junta Directiva.
EL HERALDO pudo establecer que los nuevos miembros de esta instancia pertenecen a una plancha que fue presentada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la cual continúa manejando el 82,16 % de las acciones de la compañía a pesar del contrato firmado para la venta del paquete accionario a la empresa de economía mixta K-yena.
Jaime Pumarejo Heins, Carlos Enrique Campillo Parra, Nicolás Corso Salamanca, Diana María Bernal Falla y Cristóbal Padilla Tejera son los nombres de los miembros principales de la máxima instancia de decisión en la empresa prestadora de los servicios de agua y alcantarillado en Barranquilla y 14 municipios del Atlántico.
Por su parte, los suplentes en la Junta Directiva son: Carlos Sarabia Mancini, Ariel Humberto Guevara Pabón, Álvaro Velásquez Caicedo, Diana Toto Navarrete y Sandra Helena Mejía García.
Los entes de control, como la Contraloría y la Procuraduría, dejaron por sentado su posición frente al tema de Triple A y el proceso contractual por las acciones de esta compañía entre la SAE y el Distrito de Barranquilla. El contralor Carlos Hernán Rodríguez precisó que el organismo que dirige no puede entrar a indicar al Gobierno nacional si cumple o no una obligación del acuerdo pactado; por el contrario, señaló que la actuación que adelanta la Contraloría busca determinar si hubo algún detrimento en la valoración del 82,16 % de las acciones de la compañía.
“Si la SAE considera que se ha cometido algún tipo de irregularidades, desde el punto de vista disciplinario, debe ponerlo en conocimiento de la Procuraduría y si considera que hay una conducta dolosa a conocimiento de la Fiscalía”, agregó.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación solicitó información a la SAE y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios sobre el contrato de enajenación de acciones de Triple A, debido a la información sobre posibles irregularidades en este proceso. Indicó el ente de control que esto permitirá evaluar y evitar posibles faltas disciplinarias y penales que se pudieran derivar de este proceso.
Tomado de: El Heraldo
