Estados Unidos avanza en la implementación de un mecanismo para devolver aranceles cobrados bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) —Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional—, luego de decisiones judiciales que concluyeron que esos cobros no estaban autorizados bajo esa ley. La Court of International Trade (CIT) —Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU.— ordenó la reliquidación y devolución para importadores de récord, y la Customs and Border Protection (CBP) —autoridad aduanera de Estados Unidos— informó al tribunal que desarrolla una solución específica en el Automated Commercial Environment (ACE) —plataforma digital de trámites aduaneros— mediante un nuevo módulo llamado CAPE —herramienta en desarrollo para gestionar solicitudes de reembolso de aranceles—, diseñado para tramitar reclamos de forma consolidada y automatizada.
Para las empresas colombianas que exportan y al mismo tiempo importan directamente en Estados Unidos, es decir, que actúan como importador de récord, existe una posibilidad real de solicitar reembolsos por aranceles IEEPA pagados, junto con los intereses aplicables. Sin embargo, el proceso aún no opera de forma masiva como ventanilla abierta general, porque CBP sigue desarrollando la funcionalidad tecnológica necesaria y el tribunal pausó la exigencia de reembolsos inmediatos mientras se implementa ese esquema.
Para las empresas colombianas que solo exportan, pero cuya mercancía es importada en Estados Unidos por otra empresa ubicada allá, el eventual reembolso no lo solicita directamente el exportador colombiano, sino la empresa que figure como importador de récord ante la aduana estadounidense. En ese escenario, la compañía colombiana no sería la reclamante formal ante CBP, aunque sí le conviene revisar con su cliente en EE. UU. quién asumió contractualmente el costo del arancel y si corresponde trasladar total o parcialmente ese beneficio comercialmente. En la práctica, el trámite se canalizaría por el importador estadounidense —o su customs broker— a través de ACE/CAPE, mientras el exportador colombiano debería acompañar el proceso con soporte documental, conciliación de operaciones y revisión de sus acuerdos comerciales.
La autoridad aduanera de EE. UU. no ha publicado, hasta ahora, una orden ejecutiva nueva que abra por sí sola un canal general e inmediato de radicación. Lo que existe es: una base judicial para los reembolsos; lineamientos operativos comunicados por CBP al tribunal; y herramientas ya habilitadas en ACE para recibir devoluciones electrónicas vía ACH, requisito relevante para cuando inicie el procesamiento formal.
Las compañías colombianas con importación directa en EE. UU. deberían avanzar en cinco frentes:
- Primero, confirmar que efectivamente actuaron como importador de récord.
- Segundo, identificar las entradas afectadas y verificar que el arancel pagado corresponda a IEEPA, no a otros regímenes como 232, 301 o AD/CVD.
- Tercero, asegurar acceso activo a ACE.
- Cuarto, habilitar o validar la autorización de ACH Refund para recibir pagos electrónicos.
- Quinto, coordinar con su customs broker la consolidación de la información que luego deberá cargarse en CAPE, probablemente mediante listados de entradas afectadas.
El mensaje para las empresas no es “el reembolso ya se puede solicitar libremente en todos los casos”, sino más bien: el proceso de devolución ya tiene sustento judicial y ruta operativa definida, y las empresas elegibles deben prepararse de inmediato para radicar tan pronto CBP habilite plenamente el módulo correspondiente.
ALERTA PROTECCION A LA INVERSION Y MARGEN REGULATORIO
Más de 200 académicos internacionales solicitaron al Gobierno colombiano revisar o desmontar el sistema de arbitraje de inversión, lo que suscita una discusión de fondo sobre cómo equilibrar el margen regulatorio del Estado, la transición energética y la protección a la inversión. Aunque la carta no genera efectos jurídicos inmediatos, sí pone sobre la mesa variables clave para la inversión extranjera directa, como seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, percepción de riesgo y mecanismos de solución de controversias. Su peso es principalmente político y se alinea con una línea de debate que el Gobierno ya venía promoviendo. Para las empresas, el principal mensaje es de seguimiento estratégico, más que de cambio normativo inmediato.
La solicitud plantea una revisión del sistema de solución de controversias entre inversionistas y Estados, conocido como ISDS, bajo el argumento de que este mecanismo puede limitar la capacidad de los gobiernos para adoptar decisiones regulatorias en sectores sensibles, especialmente en el contexto de la transición energética. La iniciativa se conoce, además, en un momento políticamente significativo, en la antesala de la conferencia internacional sobre transición energética en Santa Marta, lo que refuerza su carácter de intervención estratégica dentro de una agenda que el Gobierno colombiano ha buscado posicionar en escenarios internacionales.
Desde una perspectiva institucional y empresarial, lo más relevante no es la viabilidad inmediata de la propuesta, sino el tipo de discusión que reabre. No se trata simplemente de mantener o eliminar el arbitraje de inversión, sino de cómo administrar tensiones reales entre soberanía regulatoria, política pública, transición energética y confianza para la inversión. En ese sentido, la carta contribuye a posicionar una conversación más amplia sobre clima de inversión y percepción de riesgo país.
También es importante precisar su alcance. La carta tiene un valor político y simbólico, pero no vinculante. No modifica tratados ni altera las obligaciones internacionales vigentes de Colombia. Además, se alinea con una línea de discusión que el Gobierno ya venía promoviendo, a través de la revisión de acuerdos de inversión, interpretaciones más restrictivas del ISDS y una mayor articulación entre política de inversión y transición energética.
El tema es sensible para la IED porque toca factores centrales del clima de inversión. Entre ellos están la seguridad jurídica, entendida como estabilidad de reglas; la previsibilidad regulatoria, es decir, la capacidad de anticipar decisiones públicas; la percepción de riesgo país; y la disponibilidad de mecanismos neutrales para resolver controversias. En el corto plazo, el impacto no es normativo, sino de expectativas: lo que cambia no son todavía las reglas, sino la conversación sobre riesgo y dirección futura de la política de inversión.
Desde el punto de vista técnico, un eventual desmonte del ISDS no sería inmediato ni general. Requeriría una revisión tratado por tratado, con efectos diferidos por cláusulas de supervivencia y con mayor complejidad en tratados comerciales amplios que en acuerdos bilaterales de inversión. Incluso una salida de foros como CIADI no desmontaría por sí sola el sistema. En la práctica, cualquier cambio sería progresivo y no una ruptura abrupta.
Si bien no hay cambios inmediatos en el marco jurídico aplicable, se recomienda monitorear riesgos regulatorios, revisar estructuras de inversión, fortalecer cláusulas contractuales y reforzar estrategias de prevención de controversias. En conclusión, la carta no cambia hoy las reglas del juego, pero sí eleva el nivel de la discusión sobre cómo Colombia quiere posicionarse frente a la inversión internacional en los próximos años.
EE. UU. APLAZA POSIBLES ATAQUES A IRAN MIENTRAS SURGEN SEÑALES DE DIALOGO
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su gobierno ha sostenido conversaciones “productivas” con Irán, en medio de una decisión de posponer durante cinco días cualquier acción militar contra infraestructuras energéticas iraníes.
Desde Florida, donde pasó el fin de semana, Trump señaló que los contactos diplomáticos avanzaron con “importantes puntos de acuerdo”, aunque ofreció pocos detalles sobre su alcance. Según indicó, uno de los elementos centrales sería el compromiso de Irán de no desarrollar armas nucleares, una postura que Teherán ha manifestado previamente en distintos escenarios.
El mandatario también expresó optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un entendimiento más amplio. “Veremos a dónde conducen estas conversaciones”, comentó, al tiempo que sugirió que podrían continuar en los próximos días con nuevas llamadas e incluso un eventual encuentro presencial. Sin embargo, desde Irán, el Ministerio de Relaciones Exteriores negó que exista un diálogo formal con Washington, lo que introduce cautela frente al alcance real de los contactos mencionados por la Casa Blanca.
Trump indicó que la pausa en eventuales ataques —dirigidos a plantas energéticas— dependerá del progreso de las conversaciones en curso. Al mismo tiempo, reiteró que cualquier acuerdo deberá incluir garantías verificables sobre el programa nuclear iraní, así como el control del material enriquecido.
En el plano internacional, el gobierno del Reino Unido valoró positivamente cualquier indicio de diálogo. Un portavoz del primer ministro Keir Starmer señaló que una desescalada es clave para la estabilidad global, subrayando la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio energético.
Los mercados reaccionaron de inmediato a las declaraciones. Los precios del petróleo registraron una fuerte caída tras el anuncio de posibles avances diplomáticos. El crudo Brent descendió más de 7%, situándose por debajo de los 100 dólares por barril, mientras que el WTI estadounidense retrocedió cerca de 8%.
No obstante, la situación sigue siendo volátil. La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que respondería a cualquier ataque contra su infraestructura energética y reiteró su postura de mantener cerrado el estrecho de Ormuz, lo que previamente había impulsado al alza los precios del crudo. El desarrollo de los próximos días será determinante para evaluar si los contactos pueden traducirse en un proceso de distensión sostenido o si las tensiones en la región persisten.
CIERRE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL (DHS) TENSIONA AEROPUERTOS Y DISPARA TIEMPOS DE ESPERA EN ESTADOS UNIDOS.
La red aeroportuaria de Estados Unidos atraviesa una fase de fuerte tensión operativa tras el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en más de una docena de terminales, como parte de la respuesta del gobierno frente a las disrupciones causadas por el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La medida se produce en medio del deterioro de la capacidad operativa de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), afectada por ausencias, renuncias y agotamiento de personal que lleva semanas trabajando sin recibir pago completo desde que el financiamiento del DHS expiró a mediados de febrero.
De acuerdo con reportes verificados, los aeropuertos mencionados públicamente hasta ahora son: Hartsfield-Jackson Atlanta International (ATL), Chicago O’Hare (ORD), Cleveland Hopkins (CLE), William P. Hobby de Houston (HOU), Southwest Florida International en Fort Myers (RSW), Louis Armstrong New Orleans International (MSY), John F. Kennedy (JFK), LaGuardia (LGA), Newark Liberty (EWR), Philadelphia International (PHL), Phoenix Sky Harbor (PHX), Pittsburgh International (PIT) y Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico (SJU). Aunque algunas coberturas hablan de 14 aeropuertos, en los materiales abiertos revisados no aparece identificado nominalmente un decimocuarto terminal adicional.
Según autoridades locales y voceros citados en medios estadounidenses, la función asignada a los agentes de ICE no sería sustituir a los oficiales de la TSA en labores especializadas de inspección, sino apoyar tareas secundarias como control de filas, monitoreo de salidas, anuncios a pasajeros y asistencia logística para liberar a personal entrenado de la TSA y concentrarlo en la revisión de pasajeros y equipaje. Aun así, la decisión ha generado cuestionamientos por tratarse de personal no diseñado originalmente para el entorno de seguridad aeroportuaria civil, lo que ha intensificado el debate sobre el alcance y los límites de esta intervención federal.
El impacto ya se siente de forma directa en la experiencia de viaje. En Houston, el sistema aeroportuario informó que los tiempos de espera en George Bush Intercontinental (IAH) podían superar las cuatro horas en la mañana del 23 de marzo, mientras William P. Hobby había recomendado presentarse entre cuatro y cinco horas antes del vuelo. En Nueva Orleans, el aeropuerto pidió llegar al menos tres horas antes por filas que podían extenderse por dos horas o más en horas pico. En Atlanta, autoridades y medios locales reportaron demoras de hasta dos horas y recomendaron a los viajeros acudir con un margen amplio, incluso de varias horas adicionales, ante la volatilidad de las filas.
En términos prácticos, las implicaciones han sido múltiples: mayores tiempos de espera en filtros, riesgo de pérdida de vuelos, necesidad de reprogramaciones, presión adicional sobre aeropuertos en plena temporada alta de viajes y una creciente incertidumbre para los pasajeros, que en muchos casos no logran anticipar cuánto tardarán en cruzar seguridad. A ello se suma el desgaste institucional: más de 300 agentes de la TSA han renunciado desde el inicio del cierre, las tasas de ausentismo se han disparado y funcionarios federales han advertido que, si la situación se prolonga, algunos aeropuertos pequeños podrían verse forzados a suspender temporalmente operaciones.
En el trasfondo permanece el bloqueo político en Washington. El cierre parcial del DHS, iniciado el 14 de febrero, sigue sin una salida clara, mientras demócratas y republicanos mantienen diferencias sobre el financiamiento del departamento y sobre nuevas restricciones a la actuación de ICE. Esa falta de acuerdo ha impedido normalizar el pago a la TSA y ha prolongado un escenario que ya afecta la movilidad, la operación aeroportuaria y la confianza de los viajeros.
Para los pasajeros, la recomendación más consistente en este momento es clara: llegar con mucha anticipación al aeropuerto, revisar con frecuencia los canales oficiales de la terminal aérea y de la aerolínea, y prever tiempos adicionales incluso si el vuelo no presenta retrasos. En especial en Houston, Nueva Orleans, Atlanta y el área de Nueva York, las autoridades han advertido que las colas pueden cambiar rápidamente según el turno, el volumen de viajeros y la disponibilidad de personal.
ACCIDENTE AÉREO EN NUEVA YORK AGRAVA PRESIÓN SOBRE SISTEMA DE AVIACIÓN EN EE. UU.
Un avión regional de Air Canada Express colisionó con un camión de bomberos durante el aterrizaje en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, dejando dos pilotos fallecidos y decenas de heridos, en un incidente que obligó al cierre temporal de una de las terminales más transitadas del país.
La aeronave, que cubría la ruta Montreal–Nueva York con 76 personas a bordo, impactó contra el vehículo de emergencia mientras este cruzaba la pista en respuesta a otra alerta operativa. Las autoridades confirmaron que al menos nueve personas permanecen hospitalizadas con heridas graves, mientras se investigan las causas del accidente.
El incidente ocurre en un momento crítico para el sistema aéreo estadounidense, afectado por escasez de controladores aéreos y falta de personal de seguridad (TSA) debido al cierre parcial del gobierno. Esta situación ha generado retrasos, largas filas y crecientes preocupaciones sobre la seguridad operativa en aeropuertos.
Expertos señalan que la investigación se centrará en posibles fallas de comunicación entre la torre de control y los equipos en pista, ya que tanto el avión como el camión habrían recibido autorización para operar en la misma zona. El caso refuerza preocupaciones sobre la gestión del tráfico aéreo en un entorno de alta presión operativa.
El cierre del aeropuerto y la cancelación de cientos de vuelos han intensificado las disrupciones en el transporte aéreo, con impactos directos en la movilidad, el turismo y la actividad económica. El accidente se suma a una serie de incidentes recientes que han puesto bajo escrutinio la resiliencia y seguridad del sistema aeronáutico en Estados Unidos.
ADMINISTRACIÓN TRUMP DESTACA REDUCCIÓN DEL CRIMEN EN MEMPHIS Y DEFIENDE INTERVENCIÓN FEDERAL EN SEGURIDAD
El presidente Donald Trump viajó a Memphis para resaltar los resultados de su estrategia de seguridad en la ciudad, históricamente considerada una de las más peligrosas de Estados Unidos. Desde la Casa Blanca se destacó el impacto de la “Memphis Safe Task Force”, una intervención federal que involucra a la Guardia Nacional y múltiples agencias, como parte de un enfoque de “tolerancia cero” frente al crimen.
De acuerdo con cifras oficiales presentadas por la administración, la operación ha derivado en más de 7.400 arrestos, incluyendo casos relacionados con homicidios, delitos sexuales, violencia de pandillas y narcotráfico. Asimismo, se reporta la incautación de 1.219 armas ilegales y la localización de 150 menores desaparecidos, lo que el gobierno considera evidencia del fortalecimiento de la seguridad pública en la ciudad.
Los indicadores de criminalidad muestran una reducción significativa en distintos delitos. Según la Casa Blanca, el crimen total en Memphis ha disminuido más de 43% frente al mismo periodo del año anterior. Entre las caídas más destacadas se encuentran el hurto de vehículos (-67%), robos (-51%), agresiones sexuales (-38%) y homicidios (-35%). También se registran descensos en hurtos a residencias (-32%) y agresiones agravadas (-31%).
El gobierno atribuye estos resultados a un enfoque de seguridad basado en mayor presencia federal, coordinación interinstitucional y acciones más contundentes contra estructuras criminales. En ese sentido, la administración Trump contrastó estos avances con lo que calificó como “políticas fallidas” previas, subrayando que la intervención ha permitido recuperar zonas afectadas por la violencia.
Desde la Casa Blanca se insistió en que la estrategia implementada en Memphis podría servir como modelo para otras ciudades, en medio de un contexto nacional donde la seguridad pública continúa siendo un tema central del debate político.
ESTADOS UNIDOS ACUERDA CON TOTALENERGIES ABANDONAR PROYECTOS EÓLICOS OFFSHORE Y REDIRIGIR INVERSIÓN HACIA GAS NATURAL
El Departamento del Interior de Estados Unidos anunció un acuerdo con la compañía TotalEnergies para poner fin a proyectos de energía eólica offshore en el país y redirigir esa inversión hacia el desarrollo de petróleo, gas y gas natural licuado (GNL). La decisión se enmarca en la estrategia energética de la administración del presidente Donald Trump, orientada a priorizar fuentes consideradas más “asequibles y confiables”.
Como parte del acuerdo, TotalEnergies invertirá aproximadamente 1.000 millones de dólares, equivalentes al valor de los contratos de arrendamiento eólico que abandona, en proyectos energéticos en Estados Unidos, principalmente en producción de gas y petróleo. A cambio, el gobierno estadounidense reembolsará a la compañía los montos pagados por dichas concesiones, en una medida que busca incentivar la reorientación del capital hacia fuentes tradicionales de energía.
El plan incluye inversiones específicas por cerca de 928 millones de dólares en 2026, destinadas al desarrollo de la planta de GNL Rio Grande en Texas, incluyendo sus primeras cuatro unidades, así como a proyectos de producción de petróleo convencional en el Golfo de América y gas shale. Además, TotalEnergies se comprometió a no desarrollar nuevos proyectos de energía eólica offshore en territorio estadounidense.
Desde el gobierno, la medida fue presentada como un avance para reducir costos energéticos para los hogares, fortalecer la seguridad energética y mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico. Funcionarios de la administración señalaron que la energía eólica marina es costosa, dependiente de subsidios y con limitaciones operativas, mientras que el gas natural ofrece mayor estabilidad como fuente base de generación.
Por su parte, la compañía destacó que la decisión responde a un uso más eficiente del capital, en línea con la política energética de Estados Unidos, y subrayó que las nuevas inversiones contribuirán tanto al suministro interno como a la exportación de GNL hacia Europa, en un contexto de alta demanda energética global.
El acuerdo refleja un giro en la política energética estadounidense, con énfasis en combustibles fósiles y en la consolidación del país como proveedor global de energía, en medio de tensiones geopolíticas que han incrementado la presión sobre los mercados internacionales.
ESTADOS UNIDOS RESTRINGE NUEVOS ROUTERS DE CONSUMO FABRICADOS EN EL EXTRANJERO POR RIESGOS DE SEGURIDAD NACIONAL
La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) anunció la actualización de su “Covered List” para incluir todos los routers de consumo producidos en el extranjero, lo que implica la prohibición de autorizar nuevos modelos para su comercialización en el país.
La medida responde a una determinación de agencias del Ejecutivo, coordinadas por la Casa Blanca, que concluyeron que estos dispositivos representan riesgos “inaceptables” para la seguridad nacional y la protección de los ciudadanos.
Según el análisis interinstitucional, los routers fabricados fuera de Estados Unidos introducen vulnerabilidades en la cadena de suministro que podrían afectar la economía, la infraestructura crítica y la defensa nacional. Asimismo, se identificaron riesgos severos en materia de ciberseguridad, con potencial para facilitar espionaje, robo de propiedad intelectual y ataques directos a redes estratégicas, como ha ocurrido en incidentes recientes que involucraron infraestructura crítica.
La decisión se enmarca en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2025, promovida por la administración del presidente Donald Trump, que prioriza la reducción de la dependencia de proveedores extranjeros en sectores clave. En ese contexto, la FCC busca reforzar la seguridad del ecosistema digital y de las cadenas de suministro tecnológicas en Estados Unidos.
La restricción aplica exclusivamente a nuevos modelos de routers, los cuales no podrán recibir la certificación necesaria para su importación, comercialización o uso en el país. Sin embargo, las autoridades aclararon que los dispositivos ya adquiridos por los consumidores podrán seguir utilizándose sin restricciones, y que los modelos previamente autorizados pueden continuar en el mercado.
Adicionalmente, la normativa contempla excepciones para fabricantes que obtengan una “aprobación condicional” por parte del Departamento de Defensa o el Departamento de Seguridad Nacional, siempre que demuestren que sus productos no representan riesgos significativos.
Con esta medida, la FCC refuerza su política de control sobre equipos tecnológicos considerados sensibles, ampliando una lista que ya incluye otros dispositivos vinculados a riesgos de seguridad, en línea con una estrategia más amplia de protección del ciberespacio y la infraestructura crítica de Estados Unidos.
CONGRESISTAS DEL COMITÉ DE ASUNTOS EXTERIORES DE LA CÁMARA CUESTIONAN FLEXIBILIZACIÓN DE SANCIONES AL PETRÓLEO
Los congresistas Gregory Meeks (demócrata) y Don Bacon (republicano), integrantes de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes enviaron una carta bipartidista a los secretarios del Tesoro, Scott Bessent, y de Estado, Marco Rubio, solicitando explicaciones sobre la reciente decisión de la administración Trump de flexibilizar sanciones al petróleo ruso. La medida, advierten, podría debilitar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos al permitir que Moscú aumente sus ingresos en medio de la guerra en Ucrania.
En el centro de la controversia están las licencias generales 133 y 134 emitidas en marzo, que autorizan la venta de crudo y productos derivados rusos que ya se encontraban en tránsito marítimo. Según los legisladores, estas excepciones han permitido a Rusia obtener miles de millones de dólares adicionales en ingresos energéticos en un momento crítico del conflicto, particularmente en un contexto de precios elevados del petróleo derivados de la crisis en Medio Oriente.
Los congresistas advierten que esta inyección de recursos llega justo cuando Ucrania ha logrado avances territoriales significativos frente a las fuerzas rusas, lo que podría revertirse si Moscú fortalece su financiamiento militar. Además, señalan que la flexibilización de sanciones ocurre mientras Rusia intensifica su cooperación con Irán, incluyendo el suministro de tecnología militar y apoyo en inteligencia, lo que —según la carta— podría contribuir a ataques contra fuerzas estadounidenses en la región.
La comunicación también critica la falta de información proporcionada por el Ejecutivo al Congreso, señalando que la administración no ha cumplido con los requisitos de notificación establecidos por la ley. En ese sentido, los legisladores solicitaron respuestas formales sobre la duración de estas licencias, la posible extensión de excepciones al régimen de sanciones y el futuro del tope de precios al petróleo ruso.
CORTE SUPREMA DE ESTADOS UNIDOS EVALÚA RESTRICCIONES AL VOTO POR CORREO CON IMPACTO NACIONAL
La Corte Suprema de Estados Unidos analizó un caso clave que podría redefinir las reglas del voto por correo a nivel nacional, en medio de señales de escepticismo por parte de los jueces conservadores frente a una ley de Mississippi que permite contar papeletas recibidas después del día de la elección.
La normativa estatal autoriza que votos enviados por correo sean válidos si tienen sello postal del día de la elección, incluso si llegan hasta cinco días después. Sin embargo, el caso plantea si las leyes federales que fijan una fecha única para elecciones prevalecen sobre este tipo de disposiciones estatales.
Durante la audiencia, varios jueces conservadores cuestionaron la validez de permitir la recepción tardía de votos, argumentando que podría afectar la confianza en los resultados electorales. El gobierno del presidente Donald Trump respaldó la impugnación, calificando la ley como demasiado permisiva.
El caso tiene implicaciones más amplias, ya que cerca de 30 estados y el Distrito de Columbia cuentan con mecanismos similares para aceptar votos por correo después del día electoral. Un fallo en contra de Mississippi podría obligar a modificar estos sistemas, incluidos los utilizados por votantes en el exterior o personal militar.
La discusión también se da en un contexto político marcado por los intentos de endurecer las reglas electorales. La administración Trump ha impulsado restricciones al voto por correo y ha planteado incluso su eliminación generalizada, una medida que podría alterar significativamente la dinámica electoral en el país.
Se espera que la Corte Suprema emita un fallo antes de finales de junio, en una decisión que podría redefinir el acceso al voto y las condiciones del proceso electoral en Estados Unidos.
EXCONGRESISTA DE EE. UU. ENFRENTA JUICIO POR PRESUNTO LOBBY ILEGAL A FAVOR DEL GOBIERNO VENEZOLANO
Un excongresista estadounidense enfrenta un juicio federal en Miami acusado de realizar gestiones ilegales para influir en la política de Estados Unidos hacia Venezuela, en un caso que podría tener implicaciones políticas y diplomáticas de alto nivel.
La fiscalía sostiene que el exlegislador David Rivera recibió pagos millonarios para hacer lobby a favor del gobierno venezolano sin registrarse como agente extranjero, en violación de la legislación estadounidense. Según la acusación, Rivera habría utilizado su red de contactos en Washington para intentar suavizar la presión y las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.
El caso incluye un contrato de hasta US$50 millones firmado en 2017 con una filial en Estados Unidos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, de los cuales Rivera habría recibido cerca de US$20 millones. La fiscalía también señaló la presunta participación de figuras del actual gobierno venezolano en estas gestiones
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El juicio cobra especial relevancia por la posible participación como testigo del actual secretario de Estado, Marco Rubio, quien habría sostenido reuniones con Rivera durante el periodo investigado. Este elemento añade una dimensión política al proceso, dado el papel de Rubio en la política exterior estadounidense hacia Venezuela.
Por su parte, la defensa argumenta que Rivera, quien estuvo en la Cámara de Representantes entre 2011 y 2012, no actuó en favor del gobierno venezolano, sino que buscaba apoyar a la oposición para remover a Maduro del poder. Asimismo, sostiene que el contrato tenía fines comerciales y no políticos, lo que, según su interpretación, lo eximiría de la obligación de registrarse como agente extranjero.
El proceso se desarrolla en un contexto de larga tensión entre Estados Unidos y Venezuela, marcada por sanciones económicas, disputas políticas y cambios recientes en el liderazgo venezolano, lo que podría amplificar el impacto del caso en la relación bilateral y en la percepción sobre la influencia extranjera en la política estadounidense.
ESTADOS UNIDOS EXPRESA CONDOLENCIAS TRAS ACCIDENTE DE AERONAVE DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Autoridades estadounidenses expresaron mensajes de solidaridad y condolencias tras el accidente de una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) ocurrido en Puerto Leguizamo, Putumayo, que dejó víctimas fatales en el marco de una misión militar.
El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), a través de su comandante, el general Francis L. Donovan, destacó el compromiso y sacrificio de los miembros de las fuerzas armadas colombianas. En su mensaje, subrayó los riesgos inherentes al servicio militar y reconoció la labor de quienes trabajan por la seguridad y estabilidad de Colombia y la región.
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá manifestó su pesar por el accidente y reiteró su respaldo a las Fuerzas Militares de Colombia, enviando condolencias a las familias de las víctimas y expresando solidaridad en este momento.
Los pronunciamientos reflejan la cercanía y cooperación entre ambos países en materia de seguridad y defensa, así como el reconocimiento al papel de Colombia como aliado estratégico en la región.
