La Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, salió al paso del anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el retiro del país del sistema de arbitraje internacional de inversión y lanzó una advertencia directa, respecto a que la decisión no resuelve el problema de fondo, lo agrava.
A través de su presidenta, María Claudia Lacouture, la organización advirtió que abandonar el mecanismo profundiza una señal que ya preocupa al sector privado y a los inversionistas extranjeros que miran a Colombia. El mensaje de Lacouture fue preciso en su diagnóstico: “El problema de fondo no es simplemente quedarse o salirse del arbitraje internacional. El problema de fondo es la seguridad jurídica que hoy está ofreciendo el país.”
Con esa frase, AmCham desplazó el centro del debate y dejó claro que no se trata de defender o atacar un mecanismo técnico, sino de reconocer que las disputas que llegan al arbitraje tienen un origen anterior: reglas cambiantes, menor previsibilidad y falta de coordinación institucional.
Esa distinción importa, ya que el Gobierno sustentó su decisión en el peso fiscal del sistema: Colombia tiene comprometidos cerca de $52 billones en procesos de arbitraje internacional, una cifra que el presidente Petro presentó como un riesgo inaceptable para las finanzas públicas. Sin embargo, para AmCham, esa exposición no es consecuencia del mecanismo arbitral en sí mismo, sino del tipo de decisiones regulatorias que el país ha tomado y que han derivado en controversias con inversionistas extranjeros.
La presidenta de la cámara bilateral fue enfática en que “las controversias no nacen del mecanismo en sí mismo, sino de reglas cambiantes, menor previsibilidad, falta de coordinación institucional y debilidad en la prevención del daño antijurídico”.
Desde esa lectura, desmontar el sistema equivale a tratar el síntoma y no la enfermedad. Lo que corresponde, según AmCham, es corregir esas fallas, modernizar las reglas y fortalecer la capacidad del Estado para protegerse sin deteriorar la confianza del inversionista.
La organización no descarta que el sistema requiera ajustes. De hecho, señala que ya se han dado pasos en esa dirección y que el más reciente fue una reforma a través de una nota interpretativa acordada con Estados Unidos, que AmCham cita como evidencia de que es posible modernizar las reglas sin romper con la arquitectura jurídica que sostiene los acuerdos de inversión. Ese camino, dice Lacouture, es el que Colombia debería continuar, no revertir.
En todo esto no hay que pasar por alto que el trasfondo político y económico del anuncio también pesa, dado que el debate sobre el arbitraje internacional no es exclusivo de Colombia y más de 200 expertos, entre ellos el premio Nobel Joseph Stiglitz y los economistas Thomas Piketty y Peter Bohmer, le pidieron al Gobierno revisar su permanencia en estos mecanismos, cuestionando su impacto en la autonomía regulatoria de los Estados. Algunos de ellos también señalan que la evidencia empírica no muestra una relación sólida entre estos acuerdos y mayores flujos de inversión extranjera directa.
Sin embargo, AmCham sitúa el debate en un plano diferente. Para la cámara, la pregunta relevante no es si el arbitraje atrae o no inversión de manera directa, sino qué señal le está dando Colombia al inversionista en este momento. Y la respuesta, según Lacouture, “es muy preocupante: más incertidumbre, menor previsibilidad, más dudas sobre la estabilidad del marco institucional en nuestro país.”
El escenario es especialmente sensible considerando que el país tiene más de un centenar de proyectos de hidrocarburos amparados por mecanismos de protección a la inversión. Los cambios regulatorios podrían abrir la puerta a demandas de gran cuantía, con o sin el sistema de arbitraje vigente.
Para AmCham, ese es precisamente el tipo de riesgo que se gestiona mejor con instituciones sólidas y reglas claras, no con la salida del esquema que hoy permite resolverlos.
